miércoles, 15 de marzo de 2017

ANTÍTESIS: Ordenamiento territorial ¿Existe en Colombia una ley Orgánica de Ordenamiento Territorial?

Antítesis realizada por:
Luisa Johanna Pamplona
Maria Alejandra Rodriguez
Karen Alejandra Rodriguez
Para empezar, en ningún momento una ley orgánica , en especial una tan importante para la creación y conformación de cualquier estado como lo es una de ordenamiento territorial, sería inconstitucional. Todo lo contrario, la constitución de 1991 remite los asuntos más importantes a una “futura ley orgánica” que en efecto se materializó con la ley 1454/11. Que dicha ley no cumpliera con las expectativas que tenía la constitución del 91 no quiere decir que sea “inconstitucional”. En ese sentido los autores o autoras están cometiendo una falta muy grave en el manejo de términos jurídicos.
Las responsabilidades que se mencionan en la constitución de 1991 no son de carácter legislativo. Como bien lo explica el profesor Leiva en su texto “ Las paradojas de las políticas públicas centralistas en Colombia”. La constitución estipula una serie de responsabilidades de carácter “administrativo” más no “jurídico”. Es más, en dicho artículo, se defiende la idea de que esta ausencia de autonomía por parte de los entes territoriales para formular sus propias leyes, genera una situación de centralismo contraria al carácter descentralizado que se dice promover por parte del Estado colombiano.
En ningún momento los “principios” son de competencia de los entes territoriales, hay que analizar el concepto de “principio” y darse cuenta que nada tiene que ver con el debate sobre el ordenamiento territorial. A menos que cada ente tuviera la facultad de generar sus propios principios en su territorio, pero actualmente los principios son estipulados en la constitución política de 1991 y son principios propios de Estado Social de Derecho, evidentemente de carácter nacional
Según la cita que se utilizó para realizar el análisis de la ley, se observa que claramente dice que el objeto es dictar normas para la organización político-administrativa del territorio. Por esta razón no tiene sentido decir que en los artículos consecuentes se “pierde sentido” ya que evidentemente el “quehacer” puede ser interpretado como organización político administrativa.
Teniendo en cuenta la Sentencia C 600A/95, es irrelevante afirmar que “quedan vacíos sobre lo que es en el territorio realmente cada una de las entidades, por ejemplo, la falta de claridad sobre el quehacer de las regiones y los organismos que deben existir para darle vida, también en términos de las provincias que pierden relevancia al no tener unas obligaciones administrativas y jurídicas explícitas que deben ser objeto de estipulación de la Ley”, ya que según la Sentencia mencionada  …”Las materias propias de ley orgánica en relación con el ordenamiento territorial pueden estar contenidas en diversas leyes, y no tienen por qué estar contenidas en un documento legal único”, entendiéndose que no necesariamente los “vacíos” faltantes no existan sino que falta precisión dentro de la Ley para hacer más fácil la búsqueda total de los lineamientos que a esta refieren y que no se localizan como tal en la ley mencionada.
Es imposible “reglamentar a través de la inconstitucionalidad”, si es inconstitucional, no puede ser ley, puesto que la constitución es norma de normas.
A pesar de que han analizado la Ley 1454 en concordancia con lo estipulado en la Constitución Política del 91, han ampliado excesivamente la existencia y función de esta, pues, la Constitución nos brinda lineamientos que, preciso, son interpretados por la Corte Constitucional, quien dicta, en la Sentencia No. C-600A/95, que “…esta legislación orgánica territorial representa, dentro del marco de la unidad nacional, una protección de la autonomía territorial y de todo lo que ella significa; es pues una garantía institucional de la autonomía territorial y de los derechos de las entidades territoriales.” por ende “…explica entonces los grandes temas que aparecen asociados a esa legislación especial, y que, de manera muy general, son: de un lado, esta legislación orgánica toca con la estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del territorio, por lo cual, en principio, deben formar parte de ella la definición de las condiciones y requisitos de existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del territorio, así como su régimen jurídico básico.”; temas que si están dentro del contenido de la Ley.
De acuerdo a esto, el que en la Ley no estén contenidas las 7 disposiciones señaladas, no significa necesariamente que la Ley sea como tal insuficiente, tema considerado por la Corte Constitucional en la misma sentencia: “El contenido general de la legislación orgánica territorial sigue siendo parcialmente indeterminado, por lo cual el alcance de la reserva orgánica en este campo puede generar, en casos específicos, algunas discusiones interpretativas.” lo que nos lleva a que “…la propia legislación orgánica defina su alcance en relación con el ordenamiento territorial.”
Según la profesora Naidú Duque Cante en su artículo titulado “Particularidades de la ley orgánica de ordenamiento territorial” publicado por la revista de la Universidad Nacional de Colombia, “La Constitución de 1991 dejó en manos de la LOOT la distribución de competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación y las entidades territoriales. Dicha distribución debería tomar en cuenta, además los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales deben regular el complejo de las relaciones intergubernamentales en Colombia. En ausencia de esta norma, nuestro diseño institucional ha sido recursivo al solucionar esta necesidad mediante un amplio despliegue de leyes de carácter ordinario, las cuales han avanzado principalmente en la definición de competencias de tipo sectorial [...] Adicionalmente, la Constitución no incluye en un solo artículo o capítulo el contenido general de la legislación orgánica territorial, sino que incluye disposiciones al respecto en varios de sus títulos, como se refleja a continuación
  • La asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (art. 151).
  • La distribución general de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (art. 288).
  • Los requisitos para la formación de nuevos departamentos (art. 297).
  • Las condiciones para solicitar la conversión de una Región en entidad territorial, la definición de atribuciones, los recursos y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (art. 307).
  • La adopción de un régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas (art. 319).
  • La conformación de las entidades territoriales indígenas (art. 329).
En este sentido, las materias que corresponden con la ley orgánica en relación con el ordenamiento territorial se pueden desarrollar en diversas leyes, ya que desde la Constitución no se obliga a que las mismas estén contenidas en un documento único, lo cual ha conducido a que en los pronunciamientos de la Corte Constitucional se haya preferido hablar de "legislación orgánica de ordenamiento territorial"
Tal aseveración sobre la legislación ordinaria realizando el mismo contenido que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, induce a la vulneración de esta pues “Se viola la reserva de ley orgánica cuando el Congreso regula por medio de una ley ordinaria un contenido normativo que la Constitución ha  reservado a las leyes orgánicas, pues la Carta distingue entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, y atribuye a cada una de ellas la regulación de materias diversas.”, con lo que queremos decir que aunque la Ley no cumpla con su objetivo al ciento por ciento, no significa que deba ser excluida de su materia y propósito “puesto que el Congreso no puede  tramitar y aprobar por medio del procedimiento y la forma de la ley ordinaria ciertas materias que la Constitución ha reservado al trámite y a la forma más exigentes de la ley orgánica.”.
Tampoco es posible afirmar, de manera simplista, que la Ley se está absteniendo de llevar a cabo su materia dejándola a cargo del Congreso de la República, pues se trata de un tema complejo que requiere de análisis previos, tal como señala la Corte: “El criterio puramente literal no es suficiente ni adecuado para delimitar el contenido general de la legislación orgánica territorial …Por ello, la determinación del contenido general de esta legislación requiere de una interpretación sistemática y finalística, esto es, una hermenéutica que ligue aquellos artículos que expresamente hablan de legislación orgánica de ordenamiento territorial con los principios constitutivos del Estado colombiano.” competencia, preciso, del Congreso.
Para finalizar, la relación establecida entre el artículo de Leiva y la Sentencia C 567/16 es claramente incorrecta, pues el objetivo de la Sentencia es la de legitimar constitucionalmente ante una ciudadana (que demanda en ejercicio de la acción pública de inconstitucional) los esfuerzos por parte del Estado para la conservación del patrimonio cultural nacional, sin influencia ni favoritismo hacia un culto religioso en específico; mientras que el artículo de Leiva nos presenta situaciones que nos permiten divisar el interés unilateral por parte del Estado en la administración de recursos de los entes territoriales, interés unilateral grandemente influenciado por un carácter centralista.


Ordenamiento territorial ¿Existe en Colombia una ley Orgánica de Ordenamiento Territorial? Disponible en: http://derechoadministrativoesap.simplesite.com/

lunes, 13 de marzo de 2017

¿EXISTE EN COLOMBIA UNA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL?


El principal factor que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un análisis sobre el problema de la descentralización es la relación que tiene el ser humano con el territorio. La descentralización representa el reconocimiento de dicha relación y los diferentes matices que pueden tener dependiendo la disposición geográfica. Es decir que esta geografía compleja fomenta la creación de culturas múltiples con costumbres, creencias, y formas de socialización totalmente distintas entre sí.

Esta “diversidad” de la que goza Colombia representa un gran reto para la realización de iniciativas legislativas o de políticas públicas que se quieran llevar a cabo a lo largo y ancho del país. Es indispensable comenzar con un proceso de concientización sobre nuestra propia identidad. Hay que aprender a reconocernos como cultura, llevar a cabo un estudio exhaustivo a cerca de las comunidades y las diferentes ópticas que nos componen. Para esto no debemos permitirnos olvidar nuestras raíces y el trasfondo histórico y cultural de nuestro país. Es deber del Estado proteger el patrimonio cultural colombiano por lo que cuenta con procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación, sin embargo, también se debe fomentar la participación ciudadana en dichos procesos, pues hacemos parte de tal riqueza y diversidad cultural. Ya sea material o inmaterial, el patrimonio dejado por nuestros ancestros y su preservación es incumbencia de todos y cada uno de los colombianos. Nos es necesario porque se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Por tanto que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento dela nacionalidad: hay que saber quiénes somos para definir a dónde vamos.

La ley es entonces la que interviene en esta relación entre sujeto y territorio, y si esta relación tiene tantas variables como en Colombia, es imperante comenzar un proceso de descentralización, tanto administrativa como legislativa. La descentralización es entonces  una “necesidad” a la hora de gobernar eficientemente los territorios, y por supuesto, llevar la acción del Estado a todos los rincones del país, sin desconocer las identidades particulares de los pueblos o las comunidades. Es hora de la reivindicación histórica de lo diverso (o mejor aún… lo “diferente”)[1].

Gracias a las reflexiones propuestas por el profesor Eric Leiva en su escrito: “Las paradojas de las políticas centralistas en Colombia” Podemos establecer 5 puntos fundamentales para entender el problema de la centralización en Colombia. A través del estudio de estas variables podemos responder si de verdad existe o no una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en Colombia. Por consiguiente, es importante analizar que la Ley de Ordenamiento Territorial (1454/11) a grandes rasgos fundamenta en su estructura una especie superioridad, y a cabalidad pretende demostrar de una forma muy perfeccionista de las bondades con las que cuenta el territorio colombiano y las potestades que brinda la Ley, para departamentos, municipios, entidades territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen o modifiquen la organización político administrativa del Estado en el territorio; pero que como veremos a continuación, son normas y disposiciones que la mayoría de las veces quedan solo en el papel, porque a la luz de la práctica queda mucho por desear.

Primero tenemos un análisis de La Constitución Política de Colombia de 1991, pero antes de establecer qué dice ésta sobre el tema, queremos esclarecer el enfoque que tiene el profesor Leiva frente a las disposiciones constitucionales en sí mismas. A diferencia de algunos juristas que consideran irrelevante la realización o eficacia jurídica de las disposiciones constitucionales Leiva nos propone que:

La Constitución es siempre el fundamento del Estado, la base del ordenamiento jurídico que se pretende conocer. Lo que se entiende ante todo y siempre por Constitución –y la noción coincide en este sentido con la forma de Estado– es que ella constituye un principio donde se expresa jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en un momento determinado […] la voluntad del constituyente primario reflejada en la Constitución Política de 1991 no puede ser letra muerta y que la Carta Política no es un simple texto, sino una norma jurídica que plasma acuerdos políticos que sirven como punto de partida para la obtención de unos fines estatales y para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado.

Teniendo el enfoque claro podemos pasar al análisis propio de la Constitución de 1991. En primer lugar hay que tener claro que aunque el Titulo XI se dedique exclusivamente a la organización territorial, no se perfila un modelo concreto de Estado. La razón puede estar sujeta a que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 optó por remitir este asunto a una futura ley orgánica. Según Becerra: “La política fue la de procurar dar a todos satisfacción. El “modelo” adoptado, si pudiera llamarse así, carece de definición, de hilo conductor, de pensamiento rector que permita precisarlo” Según este autor, el debate sobre cómo debería organizarse el Estado era tan fuerte que se optó por “una especie de cortesía constitucional”  Desde nuestra perspectiva más que “cortesía” debería llamarse “ineptitud” por parte de los constituyentes, al dejar de lado un tema tan fundamental para cualquier Estado como es su organización territorial. En palabras de Leiva “El resultado final fue una Constitución que reitera el modelo unitario, pero que introduce fórmulas que pueden permitir el desarrollo de la descentralización en todos sus componentes o bien el retroceso por la aplicación de medidas centralistas a las unidades político-administrativas”.

La segunda reflexión tiene que ver con la aplicación de medidas que buscan limitar el ejercicio de los derechos político-administrativos de las entidades territoriales.  En este sentido se analiza cómo la iniciativa de descentralización propuesta en La Constitución de 1991 se vio truncada por las políticas de carácter centralista de los gobiernos, lo que devino en la pérdida paulatina de autonomía de los entes territoriales. Prueba de ello son las restricciones para la creación y existencia de municipios consagradas en las leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 1454 de 2011; la categorización de los municipios y departamentos para la distribución de los recursos públicos provenientes de la Nación (leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 1551 de 2012) y la regulación de las funciones de las autoridades locales (leyes 136 de 1994, 617 de 2000, 1454 de 2011 y 1551 de 2012). A lo anterior debe sumarse la reforma al situado fiscal generada por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 (reducción de los recursos provenientes de los ingresos corrientes de la Nación y que son asignados a las entidades territoriales).

Un tercer elemento de reflexión es la tendencia a una descentralización administrativa pero no legislativa. Se consagra entonces la división político-administrativa del Estado en cuatro niveles territoriales: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas y, eventualmente, la posibilidad de configuración a posteriori de dos nuevos niveles de gobierno descentralizado: las provincias y las regiones, según los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pero se tiene un Estado unitario con centralismo legislativo, judicial. “La centralización política se proyecta como la concentración exclusiva de la función legislativa en el nivel central de gobierno, único legitimado para adoptar leyes con vigencia para todo el espacio geográfico nacional, significa que las entidades territoriales carecen de potestad legislativa, lo que trae consigo que solo sea susceptible de descentralización la gestión o ejecución administrativa” Tal vez, darle autonomía legislativa a los entes territoriales representaría una verdadera descentralización.

Aunque el análisis es totalmente acertado, falta aclarar que, por ejemplo, esta iniciativa de autonomía legislativa se presenta en los territorios indígenas. Una situación que se presta a debates constantes sobretodo en temas como la ablación de clítoris o los “castigos” por medio de latigazos a los violadores sexuales. Hay que tener en cuenta que no podemos solamente argumentar desde nuestro punto de vista “moral” puesto que lo moral en este caso corresponde a una visión “occidentalizada” de lo que está bien o mal. Aun así las leyes se crean para dar las normas de juego entre las relaciones de los individuos de una sociedad, es decir que las normas o leyes siempre estarán ligadas a una creencia de lo que es correcto. En este orden de ideas la autonomía legislativa de un ente territorial significaría reconocer esa diversidad de discursos sobre lo que está bien o mal. Y volvemos a preguntarnos ¿Hasta qué punto se debe dar autonomía legislativa a los entes territoriales?

De los dos puntos anteriores podemos evidenciar que de acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Ordenamiento Territorial:
“Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.
Lo anterior no implicará que municipios que no guarden continuidad geográfica y que pertenezcan a diferentes departamentos puedan desarrollar alianzas estratégicas de orden económico con el fin de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional.”

… Más adelante el parágrafo 2 de dicho artículo, corresponde a la crítica que realiza Leiva en cuanto a la pérdida gradual de autonomía de los municipios como Provincias Administrativas y de Planificación según los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Presupuesto (617/2002), en donde se organizan los municipios poblacionalmente y efectivamente se restringe de alguna manera su autonomía y potestad al categorizar el alcance económico de cada municipio, jerarquizando y cuestionando de alguna manera su capacidad de gestión propia.

Asimismo, la regularización de funciones por municipio, se hace manifiesta en el Artículo 21 - 1454/2011, al decir… “La ley promoverá una mayor delegación de funciones y competencias del nivel nacional hacia el orden territorial, la eliminación de duplicidades de competencias entre la administración central y descentralizada y los entes territoriales…”

Sobre este asunto también es importante mencionar que una forma concreta de autonomía política fue la ratificación por el Constituyente Primario de la elección mediante el sufragio universal de alcaldes y gobernadores. Por ello, el poder municipal, como el departamental se legitimó mediante el voto popular tanto para la elección de autoridades individuales (alcaldes y gobernadores) como de autoridades colegiadas (concejos municipales y asambleas departamentales), quedando niveladas en cuanto a su origen y legitimación. A demás las entidades territoriales tienen como derechos: el de gobernarse por autoridades propias; la atribución de competencias propias; el manejo independiente de sus recursos, y la facultad de establecer tributos con destino al cumplimiento de sus cometidos, y de participar en las rentas nacionales. Para Leiva estas circunstancias significaron una ruptura de la relación de dependencia, subordinación o superioridad jerárquica con respecto a la primera autoridad administrativa del Estado, sobre todo en cuanto a la relación de vinculación jerárquica entre el Presidente de la República y los gobernadores, alcaldes distritales (capital y especiales) y municipales.

La cuarta reflexión es la corrupción como el principal argumento utilizado por parte de los defensores y promotores de las políticas centralistas. El ejemplo más claro para evidenciar esta situación el sistema de regalías. Básicamente  aquella entidad que no aplique la metodología diseñada por la Administración Central no tiene acceso a los recursos de las regalías. Particularmente, dentro de la exposición de motivos realizada por el Gobierno Nacional, los ejemplos de ineficiencia administrativa son los departamentos de Santander, Casanare, Córdoba, La Guajira, Cesar, Sucre y Huila.

Esto nos da la entrada al quinto y último elemento de reflexión: Las paradojas. Al parecer el gobierno nacional olvido que tan “corruptas” eran los entes territoriales cuando se les ocurrió entregar más responsabilidades a éstas a la hora de reformar el Código Penitenciario y Carcelario ya que por ejemplo está a la cabeza de las entidades municipales, distritales y departamentales las obligaciones respecto a la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles. O cuando se decidió llevar a cabo una política de Estado como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con recursos de entidades territoriales.

Por lo anterior podemos concluir tres cosas. Primero: Las políticas centralistas no contribuyen al mejoramiento de las condiciones políticas y económicas del país, por el contrario dificulta aún más la acción del Estado en aquellos lugares que en ocasiones parecen perdidos entre el mapa de la geografía colombiana. Segundo: Adoptar políticas centralistas no eliminará la corrupción, por el contrario, concentrar el poder decisorio podría llegar a ser más perjudicial que la corrupción misma. Esto sin mencionar que los problemas se deben eliminar de raíz, es decir que la solución al problema de la corrupción radica en la aplicación efectiva de castigos a los corruptos, más no pasando por el lado del problema. Y tercero: Aunque en Colombia exista una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los entes territoriales establecidos en la norma no gozan de autonomía. Se percibe un fenómeno más cercano a la desconcentración que a la descentralización. Sin una autonomía plena político-administrativa y además legislativa, no se puede hablar de una auténtica descentralización, y el ordenamiento territorial no será más que un aspecto que concibe la dimensión geográfica del espacio sin tener en cuenta al individuo y su relación con dicho territorio.

Otro de los aspectos importantes para concluir y que compartimos respecto a la siguiente afirmación del profesor Leiva: “ El derecho administrativo (por lo menos en las normas relacionadas con la descentralización política y administrativa) NO es un conjunto coherente de normas jurídicas, sino el instrumento que contribuye a la implementación de intereses gubernamentales con características centralistas, principalmente para la obtención y manejo de recursos necesarios para el desarrollo de sus políticas.” Ya que como se evidencia en la Ley de Ordenamiento Territorial Art. 16, al reunir a los municipios según su capacidad económica no se hace más que delimitar los intereses personales de unos cuantos sin tener en cuenta las necesidades propias de municipios, departamentos, entidades territoriales indígenas, etc.

Si, existe pero tal y como se mencionó con anterioridad, la Ley de Ordenamiento Territorial (y en general todas la leyes), perfecciona todo en el papel, pero se debería hacer un análisis más profundo en el que se pueda establecer más concretamente los alcances de ésta en la práctica.




[1] Cuando nos referimos a “diferente” hacemos referencia a aquellos discursos olvidados en pro del discurso desarrollista que se ha venido promoviendo en la época contemporánea, entre ellos está el saber femenino, el indígena, el raizal… y todas aquellas voces que se sientan excluidas de un sistema racional y homogenizador.


INTEGRANTES:

Pamplona Ortiz Luisa Johanna
Rodriguez León Karen Alejandra
Rodriguez Muñoz Maria Alejandra