miércoles, 15 de marzo de 2017

ANTÍTESIS: Ordenamiento territorial ¿Existe en Colombia una ley Orgánica de Ordenamiento Territorial?

Antítesis realizada por:
Luisa Johanna Pamplona
Maria Alejandra Rodriguez
Karen Alejandra Rodriguez
Para empezar, en ningún momento una ley orgánica , en especial una tan importante para la creación y conformación de cualquier estado como lo es una de ordenamiento territorial, sería inconstitucional. Todo lo contrario, la constitución de 1991 remite los asuntos más importantes a una “futura ley orgánica” que en efecto se materializó con la ley 1454/11. Que dicha ley no cumpliera con las expectativas que tenía la constitución del 91 no quiere decir que sea “inconstitucional”. En ese sentido los autores o autoras están cometiendo una falta muy grave en el manejo de términos jurídicos.
Las responsabilidades que se mencionan en la constitución de 1991 no son de carácter legislativo. Como bien lo explica el profesor Leiva en su texto “ Las paradojas de las políticas públicas centralistas en Colombia”. La constitución estipula una serie de responsabilidades de carácter “administrativo” más no “jurídico”. Es más, en dicho artículo, se defiende la idea de que esta ausencia de autonomía por parte de los entes territoriales para formular sus propias leyes, genera una situación de centralismo contraria al carácter descentralizado que se dice promover por parte del Estado colombiano.
En ningún momento los “principios” son de competencia de los entes territoriales, hay que analizar el concepto de “principio” y darse cuenta que nada tiene que ver con el debate sobre el ordenamiento territorial. A menos que cada ente tuviera la facultad de generar sus propios principios en su territorio, pero actualmente los principios son estipulados en la constitución política de 1991 y son principios propios de Estado Social de Derecho, evidentemente de carácter nacional
Según la cita que se utilizó para realizar el análisis de la ley, se observa que claramente dice que el objeto es dictar normas para la organización político-administrativa del territorio. Por esta razón no tiene sentido decir que en los artículos consecuentes se “pierde sentido” ya que evidentemente el “quehacer” puede ser interpretado como organización político administrativa.
Teniendo en cuenta la Sentencia C 600A/95, es irrelevante afirmar que “quedan vacíos sobre lo que es en el territorio realmente cada una de las entidades, por ejemplo, la falta de claridad sobre el quehacer de las regiones y los organismos que deben existir para darle vida, también en términos de las provincias que pierden relevancia al no tener unas obligaciones administrativas y jurídicas explícitas que deben ser objeto de estipulación de la Ley”, ya que según la Sentencia mencionada  …”Las materias propias de ley orgánica en relación con el ordenamiento territorial pueden estar contenidas en diversas leyes, y no tienen por qué estar contenidas en un documento legal único”, entendiéndose que no necesariamente los “vacíos” faltantes no existan sino que falta precisión dentro de la Ley para hacer más fácil la búsqueda total de los lineamientos que a esta refieren y que no se localizan como tal en la ley mencionada.
Es imposible “reglamentar a través de la inconstitucionalidad”, si es inconstitucional, no puede ser ley, puesto que la constitución es norma de normas.
A pesar de que han analizado la Ley 1454 en concordancia con lo estipulado en la Constitución Política del 91, han ampliado excesivamente la existencia y función de esta, pues, la Constitución nos brinda lineamientos que, preciso, son interpretados por la Corte Constitucional, quien dicta, en la Sentencia No. C-600A/95, que “…esta legislación orgánica territorial representa, dentro del marco de la unidad nacional, una protección de la autonomía territorial y de todo lo que ella significa; es pues una garantía institucional de la autonomía territorial y de los derechos de las entidades territoriales.” por ende “…explica entonces los grandes temas que aparecen asociados a esa legislación especial, y que, de manera muy general, son: de un lado, esta legislación orgánica toca con la estructura territorial y la organización de los poderes públicos en función del territorio, por lo cual, en principio, deben formar parte de ella la definición de las condiciones y requisitos de existencia de las entidades territoriales y de ciertas divisiones administrativas del territorio, así como su régimen jurídico básico.”; temas que si están dentro del contenido de la Ley.
De acuerdo a esto, el que en la Ley no estén contenidas las 7 disposiciones señaladas, no significa necesariamente que la Ley sea como tal insuficiente, tema considerado por la Corte Constitucional en la misma sentencia: “El contenido general de la legislación orgánica territorial sigue siendo parcialmente indeterminado, por lo cual el alcance de la reserva orgánica en este campo puede generar, en casos específicos, algunas discusiones interpretativas.” lo que nos lleva a que “…la propia legislación orgánica defina su alcance en relación con el ordenamiento territorial.”
Según la profesora Naidú Duque Cante en su artículo titulado “Particularidades de la ley orgánica de ordenamiento territorial” publicado por la revista de la Universidad Nacional de Colombia, “La Constitución de 1991 dejó en manos de la LOOT la distribución de competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación y las entidades territoriales. Dicha distribución debería tomar en cuenta, además los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales deben regular el complejo de las relaciones intergubernamentales en Colombia. En ausencia de esta norma, nuestro diseño institucional ha sido recursivo al solucionar esta necesidad mediante un amplio despliegue de leyes de carácter ordinario, las cuales han avanzado principalmente en la definición de competencias de tipo sectorial [...] Adicionalmente, la Constitución no incluye en un solo artículo o capítulo el contenido general de la legislación orgánica territorial, sino que incluye disposiciones al respecto en varios de sus títulos, como se refleja a continuación
  • La asignación de competencias normativas a las entidades territoriales (art. 151).
  • La distribución general de competencias entre la Nación y las entidades territoriales (art. 288).
  • Los requisitos para la formación de nuevos departamentos (art. 297).
  • Las condiciones para solicitar la conversión de una Región en entidad territorial, la definición de atribuciones, los recursos y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (art. 307).
  • La adopción de un régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas (art. 319).
  • La conformación de las entidades territoriales indígenas (art. 329).
En este sentido, las materias que corresponden con la ley orgánica en relación con el ordenamiento territorial se pueden desarrollar en diversas leyes, ya que desde la Constitución no se obliga a que las mismas estén contenidas en un documento único, lo cual ha conducido a que en los pronunciamientos de la Corte Constitucional se haya preferido hablar de "legislación orgánica de ordenamiento territorial"
Tal aseveración sobre la legislación ordinaria realizando el mismo contenido que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, induce a la vulneración de esta pues “Se viola la reserva de ley orgánica cuando el Congreso regula por medio de una ley ordinaria un contenido normativo que la Constitución ha  reservado a las leyes orgánicas, pues la Carta distingue entre leyes orgánicas y leyes ordinarias, y atribuye a cada una de ellas la regulación de materias diversas.”, con lo que queremos decir que aunque la Ley no cumpla con su objetivo al ciento por ciento, no significa que deba ser excluida de su materia y propósito “puesto que el Congreso no puede  tramitar y aprobar por medio del procedimiento y la forma de la ley ordinaria ciertas materias que la Constitución ha reservado al trámite y a la forma más exigentes de la ley orgánica.”.
Tampoco es posible afirmar, de manera simplista, que la Ley se está absteniendo de llevar a cabo su materia dejándola a cargo del Congreso de la República, pues se trata de un tema complejo que requiere de análisis previos, tal como señala la Corte: “El criterio puramente literal no es suficiente ni adecuado para delimitar el contenido general de la legislación orgánica territorial …Por ello, la determinación del contenido general de esta legislación requiere de una interpretación sistemática y finalística, esto es, una hermenéutica que ligue aquellos artículos que expresamente hablan de legislación orgánica de ordenamiento territorial con los principios constitutivos del Estado colombiano.” competencia, preciso, del Congreso.
Para finalizar, la relación establecida entre el artículo de Leiva y la Sentencia C 567/16 es claramente incorrecta, pues el objetivo de la Sentencia es la de legitimar constitucionalmente ante una ciudadana (que demanda en ejercicio de la acción pública de inconstitucional) los esfuerzos por parte del Estado para la conservación del patrimonio cultural nacional, sin influencia ni favoritismo hacia un culto religioso en específico; mientras que el artículo de Leiva nos presenta situaciones que nos permiten divisar el interés unilateral por parte del Estado en la administración de recursos de los entes territoriales, interés unilateral grandemente influenciado por un carácter centralista.


Ordenamiento territorial ¿Existe en Colombia una ley Orgánica de Ordenamiento Territorial? Disponible en: http://derechoadministrativoesap.simplesite.com/

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