¿EXISTE EN COLOMBIA UNA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL?
El principal factor que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un análisis sobre el problema de la descentralización es la relación que tiene el ser humano con el territorio. La descentralización representa el reconocimiento de dicha relación y los diferentes matices que pueden tener dependiendo la disposición geográfica. Es decir que esta geografía compleja fomenta la creación de culturas múltiples con costumbres, creencias, y formas de socialización totalmente distintas entre sí.
Esta “diversidad” de la que goza Colombia representa un gran reto para la realización de iniciativas legislativas o de políticas públicas que se quieran llevar a cabo a lo largo y ancho del país. Es indispensable comenzar con un proceso de concientización sobre nuestra propia identidad. Hay que aprender a reconocernos como cultura, llevar a cabo un estudio exhaustivo a cerca de las comunidades y las diferentes ópticas que nos componen. Para esto no debemos permitirnos olvidar nuestras raíces y el trasfondo histórico y cultural de nuestro país. Es deber del Estado proteger el patrimonio cultural colombiano por lo que cuenta con procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la Nación, sin embargo, también se debe fomentar la participación ciudadana en dichos procesos, pues hacemos parte de tal riqueza y diversidad cultural. Ya sea material o inmaterial, el patrimonio dejado por nuestros ancestros y su preservación es incumbencia de todos y cada uno de los colombianos. Nos es necesario porque se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Por tanto que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento dela nacionalidad: hay que saber quiénes somos para definir a dónde vamos.
La ley es entonces la que interviene en esta relación entre sujeto y territorio, y si esta relación tiene tantas variables como en Colombia, es imperante comenzar un proceso de descentralización, tanto administrativa como legislativa. La descentralización es entonces una “necesidad” a la hora de gobernar eficientemente los territorios, y por supuesto, llevar la acción del Estado a todos los rincones del país, sin desconocer las identidades particulares de los pueblos o las comunidades. Es hora de la reivindicación histórica de lo diverso (o mejor aún… lo “diferente”)[1].
Gracias a las reflexiones propuestas por el profesor Eric Leiva en su escrito: “Las paradojas de las políticas centralistas en Colombia” Podemos establecer 5 puntos fundamentales para entender el problema de la centralización en Colombia. A través del estudio de estas variables podemos responder si de verdad existe o no una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en Colombia. Por consiguiente, es importante analizar que la Ley de Ordenamiento Territorial (1454/11) a grandes rasgos fundamenta en su estructura una especie superioridad, y a cabalidad pretende demostrar de una forma muy perfeccionista de las bondades con las que cuenta el territorio colombiano y las potestades que brinda la Ley, para departamentos, municipios, entidades territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen o modifiquen la organización político administrativa del Estado en el territorio; pero que como veremos a continuación, son normas y disposiciones que la mayoría de las veces quedan solo en el papel, porque a la luz de la práctica queda mucho por desear.
Primero tenemos un análisis de La Constitución Política de Colombia de 1991, pero antes de establecer qué dice ésta sobre el tema, queremos esclarecer el enfoque que tiene el profesor Leiva frente a las disposiciones constitucionales en sí mismas. A diferencia de algunos juristas que consideran irrelevante la realización o eficacia jurídica de las disposiciones constitucionales Leiva nos propone que:
La Constitución es siempre el fundamento del Estado, la base del ordenamiento jurídico que se pretende conocer. Lo que se entiende ante todo y siempre por Constitución –y la noción coincide en este sentido con la forma de Estado– es que ella constituye un principio donde se expresa jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en un momento determinado […] la voluntad del constituyente primario reflejada en la Constitución Política de 1991 no puede ser letra muerta y que la Carta Política no es un simple texto, sino una norma jurídica que plasma acuerdos políticos que sirven como punto de partida para la obtención de unos fines estatales y para evitar la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado.
Teniendo el enfoque claro podemos pasar al análisis propio de la Constitución de 1991. En primer lugar hay que tener claro que aunque el Titulo XI se dedique exclusivamente a la organización territorial, no se perfila un modelo concreto de Estado. La razón puede estar sujeta a que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 optó por remitir este asunto a una futura ley orgánica. Según Becerra: “La política fue la de procurar dar a todos satisfacción. El “modelo” adoptado, si pudiera llamarse así, carece de definición, de hilo conductor, de pensamiento rector que permita precisarlo” Según este autor, el debate sobre cómo debería organizarse el Estado era tan fuerte que se optó por “una especie de cortesía constitucional” Desde nuestra perspectiva más que “cortesía” debería llamarse “ineptitud” por parte de los constituyentes, al dejar de lado un tema tan fundamental para cualquier Estado como es su organización territorial. En palabras de Leiva “El resultado final fue una Constitución que reitera el modelo unitario, pero que introduce fórmulas que pueden permitir el desarrollo de la descentralización en todos sus componentes o bien el retroceso por la aplicación de medidas centralistas a las unidades político-administrativas”.
La segunda reflexión tiene que ver con la aplicación de medidas que buscan limitar el ejercicio de los derechos político-administrativos de las entidades territoriales. En este sentido se analiza cómo la iniciativa de descentralización propuesta en La Constitución de 1991 se vio truncada por las políticas de carácter centralista de los gobiernos, lo que devino en la pérdida paulatina de autonomía de los entes territoriales. Prueba de ello son las restricciones para la creación y existencia de municipios consagradas en las leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 1454 de 2011; la categorización de los municipios y departamentos para la distribución de los recursos públicos provenientes de la Nación (leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y 1551 de 2012) y la regulación de las funciones de las autoridades locales (leyes 136 de 1994, 617 de 2000, 1454 de 2011 y 1551 de 2012). A lo anterior debe sumarse la reforma al situado fiscal generada por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 (reducción de los recursos provenientes de los ingresos corrientes de la Nación y que son asignados a las entidades territoriales).
Un tercer elemento de reflexión es la tendencia a una descentralización administrativa pero no legislativa. Se consagra entonces la división político-administrativa del Estado en cuatro niveles territoriales: los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas y, eventualmente, la posibilidad de configuración a posteriori de dos nuevos niveles de gobierno descentralizado: las provincias y las regiones, según los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pero se tiene un Estado unitario con centralismo legislativo, judicial. “La centralización política se proyecta como la concentración exclusiva de la función legislativa en el nivel central de gobierno, único legitimado para adoptar leyes con vigencia para todo el espacio geográfico nacional, significa que las entidades territoriales carecen de potestad legislativa, lo que trae consigo que solo sea susceptible de descentralización la gestión o ejecución administrativa” Tal vez, darle autonomía legislativa a los entes territoriales representaría una verdadera descentralización.
Aunque el análisis es totalmente acertado, falta aclarar que, por ejemplo, esta iniciativa de autonomía legislativa se presenta en los territorios indígenas. Una situación que se presta a debates constantes sobretodo en temas como la ablación de clítoris o los “castigos” por medio de latigazos a los violadores sexuales. Hay que tener en cuenta que no podemos solamente argumentar desde nuestro punto de vista “moral” puesto que lo moral en este caso corresponde a una visión “occidentalizada” de lo que está bien o mal. Aun así las leyes se crean para dar las normas de juego entre las relaciones de los individuos de una sociedad, es decir que las normas o leyes siempre estarán ligadas a una creencia de lo que es correcto. En este orden de ideas la autonomía legislativa de un ente territorial significaría reconocer esa diversidad de discursos sobre lo que está bien o mal. Y volvemos a preguntarnos ¿Hasta qué punto se debe dar autonomía legislativa a los entes territoriales?
De los dos puntos anteriores podemos evidenciar que de acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Ordenamiento Territorial:
“Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental.
Lo anterior no implicará que municipios que no guarden continuidad geográfica y que pertenezcan a diferentes departamentos puedan desarrollar alianzas estratégicas de orden económico con el fin de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional e internacional.”
… Más adelante el parágrafo 2 de dicho artículo, corresponde a la crítica que realiza Leiva en cuanto a la pérdida gradual de autonomía de los municipios como Provincias Administrativas y de Planificación según los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Presupuesto (617/2002), en donde se organizan los municipios poblacionalmente y efectivamente se restringe de alguna manera su autonomía y potestad al categorizar el alcance económico de cada municipio, jerarquizando y cuestionando de alguna manera su capacidad de gestión propia.
Asimismo, la regularización de funciones por municipio, se hace manifiesta en el Artículo 21 - 1454/2011, al decir… “La ley promoverá una mayor delegación de funciones y competencias del nivel nacional hacia el orden territorial, la eliminación de duplicidades de competencias entre la administración central y descentralizada y los entes territoriales…”
Sobre este asunto también es importante mencionar que una forma concreta de autonomía política fue la ratificación por el Constituyente Primario de la elección mediante el sufragio universal de alcaldes y gobernadores. Por ello, el poder municipal, como el departamental se legitimó mediante el voto popular tanto para la elección de autoridades individuales (alcaldes y gobernadores) como de autoridades colegiadas (concejos municipales y asambleas departamentales), quedando niveladas en cuanto a su origen y legitimación. A demás las entidades territoriales tienen como derechos: el de gobernarse por autoridades propias; la atribución de competencias propias; el manejo independiente de sus recursos, y la facultad de establecer tributos con destino al cumplimiento de sus cometidos, y de participar en las rentas nacionales. Para Leiva estas circunstancias significaron una ruptura de la relación de dependencia, subordinación o superioridad jerárquica con respecto a la primera autoridad administrativa del Estado, sobre todo en cuanto a la relación de vinculación jerárquica entre el Presidente de la República y los gobernadores, alcaldes distritales (capital y especiales) y municipales.
La cuarta reflexión es la corrupción como el principal argumento utilizado por parte de los defensores y promotores de las políticas centralistas. El ejemplo más claro para evidenciar esta situación el sistema de regalías. Básicamente aquella entidad que no aplique la metodología diseñada por la Administración Central no tiene acceso a los recursos de las regalías. Particularmente, dentro de la exposición de motivos realizada por el Gobierno Nacional, los ejemplos de ineficiencia administrativa son los departamentos de Santander, Casanare, Córdoba, La Guajira, Cesar, Sucre y Huila.
Esto nos da la entrada al quinto y último elemento de reflexión: Las paradojas. Al parecer el gobierno nacional olvido que tan “corruptas” eran los entes territoriales cuando se les ocurrió entregar más responsabilidades a éstas a la hora de reformar el Código Penitenciario y Carcelario ya que por ejemplo está a la cabeza de las entidades municipales, distritales y departamentales las obligaciones respecto a la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles. O cuando se decidió llevar a cabo una política de Estado como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con recursos de entidades territoriales.
Por lo anterior podemos concluir tres cosas. Primero: Las políticas centralistas no contribuyen al mejoramiento de las condiciones políticas y económicas del país, por el contrario dificulta aún más la acción del Estado en aquellos lugares que en ocasiones parecen perdidos entre el mapa de la geografía colombiana. Segundo: Adoptar políticas centralistas no eliminará la corrupción, por el contrario, concentrar el poder decisorio podría llegar a ser más perjudicial que la corrupción misma. Esto sin mencionar que los problemas se deben eliminar de raíz, es decir que la solución al problema de la corrupción radica en la aplicación efectiva de castigos a los corruptos, más no pasando por el lado del problema. Y tercero: Aunque en Colombia exista una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los entes territoriales establecidos en la norma no gozan de autonomía. Se percibe un fenómeno más cercano a la desconcentración que a la descentralización. Sin una autonomía plena político-administrativa y además legislativa, no se puede hablar de una auténtica descentralización, y el ordenamiento territorial no será más que un aspecto que concibe la dimensión geográfica del espacio sin tener en cuenta al individuo y su relación con dicho territorio.
Otro de los aspectos importantes para concluir y que compartimos respecto a la siguiente afirmación del profesor Leiva: “ El derecho administrativo (por lo menos en las normas relacionadas con la descentralización política y administrativa) NO es un conjunto coherente de normas jurídicas, sino el instrumento que contribuye a la implementación de intereses gubernamentales con características centralistas, principalmente para la obtención y manejo de recursos necesarios para el desarrollo de sus políticas.” Ya que como se evidencia en la Ley de Ordenamiento Territorial Art. 16, al reunir a los municipios según su capacidad económica no se hace más que delimitar los intereses personales de unos cuantos sin tener en cuenta las necesidades propias de municipios, departamentos, entidades territoriales indígenas, etc.
Si, existe pero tal y como se mencionó con anterioridad, la Ley de Ordenamiento Territorial (y en general todas la leyes), perfecciona todo en el papel, pero se debería hacer un análisis más profundo en el que se pueda establecer más concretamente los alcances de ésta en la práctica.
[1] Cuando nos referimos a “diferente” hacemos referencia a aquellos discursos olvidados en pro del discurso desarrollista que se ha venido promoviendo en la época contemporánea, entre ellos está el saber femenino, el indígena, el raizal… y todas aquellas voces que se sientan excluidas de un sistema racional y homogenizador.
INTEGRANTES:
Pamplona Ortiz Luisa Johanna
Rodriguez León Karen Alejandra
Rodriguez Muñoz Maria Alejandra

Antítesis
ResponderEliminarUna vez analizado el argumento anterior y teniendo en cuenta las cinco reflexiones cabe decir, primero que realmente el título XI de la constitución no hace referencia a un modelo de estado sino a un modelo de ordenamiento territorial pues el modelo de estado es definido como tal por toda la constitución.
No se puede analizar el ordenamiento territorial desde un punto de vista de la descentralización del legislativo, puesto que la constitución es muy clara al decir que la única descentralización existente es la político administrativa y el problema no suscita en que no exista autonomía territorial. Ese argumento es falso, puesto que realmente es una de las características principales que le entrega el constituyente a las entidades territoriales; lo que si no es existente, de manera clara, es una institucionalidad definida sobre todas las obligaciones de estas entidades, el legislativo en la LOOT lo que hace es omitir su responsabilidad delegada por la constitución, haciendo de la gran mayoría de sus artículos inconstitucionales al delegar a otras leyes su responsabilidad. Tomamos en cuenta que la profesora Naidu Duque caracterizó que "El propósito de este tipo de autonomía local, está orientado principalmente al mejoramiento de la calidad y las condiciones de vida de los habitantes de un determinado territorio, permitiéndoles tener mayor incidencia en la gestión de los asuntos públicos y ejercer un control efectivo sobre sus autoridades".
Lo anterior es argumentado teniendo en cuenta la Jurisprudencia de la corte constitucional que en su Sentencia T-709 de 2014 dijo “El ordenamiento territorial es un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, (…) dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción, regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. Y determina que su estatuto se fundamenta en los principios de la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios”.
Con respecto a la tercera reflexión se debe aclarar que la elección de los alcaldes y gobernadores como de los cuerpos colegiados se dio antes de la constitución del 91 y esta misma solo las nombra como entidades ya establecidas, es así que solo les asigna una serie de responsabilidades que son insuficientes, ya que la ley es responsable de reglamentar todo al respecto;en la cuarta y quinta reflexión se debe mirar la corrupción a profundidad ya que es un problema de carácter estructural y cabe resaltar que los cuerpos colegiados tienen la obligación de llevar un control de las acciones realizadas en sus territorios.
En conclusión la serie de argumentos dados frente a la existencia de una ley de ordenamiento territorial, quedan bastantes alejadas de la norma constitucional y de los procesos jurisprudenciales. Siendo Colombia una unidad de municipios, los cuales tienen una total autoridad político-administrativa, puesto que así fue caracterizada por la Constitución Política impidiendo la descentralización de los poderes legislativo y judicial. Es así que el problema no se puede dar por la falta de esos dos poderes en los territorios puesto que no es algo que se les haya entregado a los mismos, sino más bien se da por la falta de claridad en las normas que la rigen.
Referencias
Duque, N. (Agosto de 2009). La autonomía territorial en el marco de la república unitaria y la capacidad institucional del Estado subnacional en Colombia. En Revista Administración & Desarrollo, p. 109-121.
Sala Tercera de la corte constitucional (15 de septiembre de 2014) Sentencia T -709/14{MP.Luis Guillermo Guerrero Pérez}
Antítesis realizada por Angela Lopez, Alejandra Mayorga, Duvan Rodriguez y Juan Sebastián Naranjo.
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